SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Los fallos por descuadre en las actas D y D1, correspondientes al voto por partidos y preferencial en el nivel de diputaciones de las elecciones del 5 de julio, aumentará la cantidad de los delitos electorales en medio de un contexto que genera dudas en cuanto a la transparencia del proceso en el nivel de diputados, en perjuicio de la integridad de las elecciones.
El reconteo provocará una gran cantidad de impugnaciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual tendrá que fallarlas con extrema urgencia, debido al corto tiempo que queda para el 16 de agosto, que es la fecha de la juramentación y toma de posesión de las nuevas autoridades electas.
Así explicó a Acento Eddy Olivares, ex miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), sobre los cuestionamientos que ha despertado el fallido proceso de escrutinio, que según la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, debe realizarse en las 48 horas próximas al cierre de los colegios electorales.
“De conformidad con el artículo 247 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, las juntas electorales disponen de un plazo de no más de dos días después de las elecciones, para la realización del cómputo electoral. Sin embargo, cuando existen causas insuperables que lo impiden, como ocurrió en las elecciones del 5 de julio, ese plazo puede extenderse, con la condición que se haga constar en el acta correspondiente”, señaló.
Este escenario, dijo Olivares, se presta para que los partidos lleven a cabo artimañas de último minuto, aumentando así la probabilidad de caer en el delito electoral. “Se presta para que los delegados se pongan de acuerdo para favorecer a los candidatos de su preferencia dentro de sus respectivos partidos políticos, mediante la atribución de votos que no obtuvieron en las urnas, corrupción electoral en la que muchas veces participan, a cambio de dinero, personas que forman parte de las juntas electorales municipales.”
Para el ex titular del órgano de comicios, no se justifica que el cómputo del voto preferencial para la escogencia de los diputados haya vuelto a fracasar en las principales juntas electorales, tomando en consideración que el mismo, desde su implementación en el año 2002, ha sido aplicado en cinco elecciones consecutivas.