Los dos sectores más poderosos, en la relación empresarios y gobiernos, son el de los combustibles y el de la electricidad. Algunas veces se mezclan y coinciden en determinadas acciones. Se trata de dos sectores con poderes extraordinarios, y en los que nadie puede decir que determinado apellido encabeza las decisiones. El que siempre padece es el Estado, y por vía de consecuencias el pueblo.

Ahora se coloca al asunto de los apagones en la población y se identifica al gobierno como el responsable. Y tienen razón los que así piensan, porque los gobiernos son los llamados a tomar decisiones para beneficio de la población. Por ejemplo que haya energía suficiente y barata, que no haya apagones financieros, y que los suplidores de energía cumplan con las normas establecidas mediante leyes, reglamentos o las decisiones administrativas del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad y todas las demás oficinas públicas que les auxilian.

Ya sabemos que en la pasada administración hubo muchos negocios, terminando con Punta Catalina. Y que la familia presidencial se involucró decididamente en el negocio de suplir piezas, servicios, contadores y muchos otros implementos y maquinarias, para el funcionamiento de la administración eléctrica. Esa era solo una parte. Quedaba la parte grande, de los generadores, que requieren de capital, de fuerza en las alturas, y que garantizan suplir energía a bajo costo, aunque jamás enciendan las plantas, como pasó con la famosa Cogentrix.

La responsabilidad es pública, es del gobierno, es de los funcionarios responsables de tomar las decisiones oportunas. Nadie sabe las razones por las que varias plantas generadoras de energía salen para mantenimiento al mismo tiempo. Se entiende que debe haber una programación para el mantenimiento de las plantas. Todo el mundo sabe que hay un informe que indicaba que el país necesitaba por lo menos 400 megavatios de energía adicionales, y que el Estado debía salir a buscar esa energía al mejor precio posible.

La licitación de esa energía ha presentado serios contratiempos. Idas y venidas. Cancelación de decisiones, rectificaciones. No hay claridad sobre los suplidores que se han propuesto, ni los precios a los que ofertan. Tampoco se tiene información sobre los costos de generar la energía, ni cuáles son las razones de las preferencias de las autoridades.

A la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción ya han llegado denuncias contra el Superintendente de Electricidad, Rafael Aníbal Velazco. También llegaron denuncias a la Dirección de Etica e Integridad Gubernamental. Todo cuanto está ocurriendo en este terreno genera muchas dudas. Conocemos de la seriedad y honorabilidad del ingeniero Antonio Almonte, sabemos de la verticalidad del presidente Luis Abinader, que no permitirán ningún traspié en esta materia de transparencia. Sin embargo, las explicaciones que se han ofrecido hasta el momento no tocan aspectos esenciales de la licitación de los 400 megavatios de electricidad, y se quedan en la tanda de apagones que ocurren en estos momentos, y la atribuyen a decisiones de las pasadas autoridades.

Este tema genera muchas complicaciones al gobierno. En el gobierno hay representantes de grupos privados, que legítimamente desempeñan funciones oficiales, pero que debían evitar el choque con intereses privados, porque ellos ahora desempeñan funciones públicas. Esta administración tiene un sello distintivo con la transparencia. En el sector eléctrico se cocinan acciones que pudieran empañar la imagen y la buena voluntad del gobierno. Algunas fuerzas distanciadas de los intereses tienen que actuar y evitar una vuelta al pasado. El cambio es hacia adelante, jamás hacia atrás.