SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Decenas de pensionados y jubilados de diferentes instituciones viven un momento de confusión y consternación desde que en el mes de junio del año en curso el Ministerio de Hacienda les empezara a hacer una retención de 2 mil pesos sin previa notificación, alegando que el mismo se transfiere a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, por orden de un decreto presidencial.
Conforme a datos a los cuales Acento tuvo acceso, una de las afectadas por tal imposición y que prefiere permanecer en el anonimato, cuenta que el 18 de octubre del 2019 recibió una constancia por parte de Hacienda donde explica que el total sustraído del monto de su pensión es de un 2 % acorde a la Ley 379-81 sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos, ahora a solo días para el cambio de Gobierno, informa que se le está aplicando un 6 % por encima sin alguna notificación u explicación.
Se trata del Decreto número 18-19 promulgado el 7 de enero del 2019 por Presidente Danilo Medina, en cual se crea el Plan Especial Transitorio de Servicios de Salud para pensionados y jubilados inscritos en la base de datos del Ministerio de Hacienda a partir del 1 de enero del 2010, cuyo monto de sus pensiones sean iguales o superiores al salario mínimo nacional vigente a la fecha, el cual era ascendente a la suma de 11 mil 137 pesos.
De acuerdo con el artículo 8 del decreto, la SISALRIL establecerá un costo per cápita de 6.3 % del monto total de la pensión para financiar este plan especial a favor de la ARS SeNaSa.
En otras palabras, todos los pensionados del sector público estarían financiando este Plan Especial Transitorio de Salud hasta que el Consejo Nacional de Seguridad Social disponga la incorporación de los mismos al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.
Al hablar con el departamento de pensiones del Ministerio de Hacienda, sostienen que, si el beneficiario no está de acuerdo con estos términos y condiciones, debe hacer una carta de renuncia al seguro SeNaSa y depositarla en la SISALRIL, lo cual resultaría en más agravios para un adulto mayor que necesite asistencia médica en cualquier momento.
Si bien es cierto que este decreto busca obtener fondos necesarios para luego brindar mejores condiciones a los favorecidos, es preciso destacar las irregularidades que se presentan.
El descuento en el monto total de los pensionados se está haciendo también a personas bajo el seguro familiar de salud del régimen contributivo, violando el artículo 6 de ese decreto, que explica que los jubilados afiliados como titulares o dependientes en el Seguro Familiar del Régimen Contributivo quedan excluidos de este plan, por lo que no deberían recibir la deducción ese 6 %.
Tal es el caso de algunos pensionados del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, el cual cuenta con un Instituto de Seguridad Social afiliados a la ARS Palic, por lo que los afectados desconocen esta deducción debido a que esta institución está asociada a una ARS privada.
El descuento también está siendo aplicado a personas retiradas de las funciones públicas que obtienen un seguro médico como dependientes de algún familiar y a quienes heredan la pensión de algún pariente cuya función era de carácter público.
Los denunciantes de esta situación han pedido mantener sus identidades fuera del conocimiento público al tiempo que exigen el esclarecimiento de ese decreto y la anulación de dicha retención sin la necesidad de renunciar a su afiliación a la ARS, ya que en su mayoría solo poseen lo devengado de la pensión como su única fuente de ingresos.