Recientemente el diputado Leonardo Aguilera hacía su exposición para alentar a sus colegas a apoyar y así aprobar la ley propuesta por el diputado Amado Díaz que, entre otras medidas, prohíbe el cobro de la reinscripción recurrente en centros educativos privados. Para ilustrar su razonamiento y justificación a dicha ley, el Sr. Aguilera recurrió de manera creativa, pero fallida (por lo que explicaré en breve), a una analogía entre los colegios privados y las “gasolineras”.
Quiero aclarar, ante todo, que no estoy de acuerdo con prácticas abusivas de colegios privados (o de cualquier otra empresa/organización) de cobrar por servicios que, o no provean, o no puedan justificar ante su clientela. Para eso está el MINERD como ente regulador, conocedor de las realidades de operar un colegio/escuela y lidiar con sus diferentes actores, para efectivamente sancionar a las instituciones con estas prácticas predatorias. En última instancia, está el mercado de oferta y demanda que castiga a cualquier institución abusiva de sus clientes, ya que el sector educativo privado no es un oligopolio. Hay más de 3 mil colegios privados en el país.
He de indicar que comparar el ejercicio de la educación privada al negocio de las gasolineras es a lo mínimo una simplificación inverosímil, y en lo máximo, una irresponsabilidad, porque fomenta una falta de respeto a las instituciones educativas y sus actores. Desempaquemos el análisis que quiero compartirles.
Para que esta analogía fuese realmente aplicable, el estado debería tener gasolineras donde el combustible ofertado fuese gratuito, y donde aun y siendo gratuito, el 20% de la población prefiera pagar RD$ 256.20/galón porque entiende que a su vehículo no le funciona la calidad de la gasolina “gratis” que provee el estado. Dentro de este 20% de la población que opta por pagar sus combustibles, muchos legisladores.
Segundo, la gasolina del sector privado que sirve el 20% de la población anteriormente descrita, no se pudiera cobrar al momento de ser servida, sino que se cobraría de manera mensual, sin ningún tipo de recursos para cobrar si el cliente decide no pagar. Más aun, la gasolinera se viera obligada a continuar sirviendo gasolina a este cliente de manera mensual por 10 meses porque la ley no le permite cancelar el servicio.
Pudiera seguir con el análisis, pero creo que el punto está ilustrado.
Como educador es inherente destilar un aprendizaje de toda situación que enfrento. El principal aprendizaje aquí es que los combustibles son un producto para vehículos, y la educación, o, más específicamente, el aprendizaje que debe resultar de un proceso educativo, es un servicio indispensable para la formación de los futuros ciudadanos y por ende para el desarrollo de un país.
He aquí la esencia del porqué la comparación del diputado Aguilera no es apropiada ni justa. La educación es un servicio intangible, no estándar, cambiante día a día, y lo más importante aun, estamos hablando de seres humanos en edad de desarrollo, no máquinas. No hay forma de medir el aprendizaje día a día ya que es un proceso acumulativo, constructivista para usar la terminología educativa. Desafortunadamente, los niños no tienen una válvula que indica cuando tienen su tanque (cerebro, bienestar emocional, etc.) vacío, a medio tanque, o lleno. En otras palabras, es peligroso simplificar procesos complejos meramente por conveniencia y popularidad política a corto plazo, ya que un resultado nefasto sería hipotecar el futuro del sistema educativo dominicano.
Sin embargo, creo firmemente que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, incluyendo las personas en la cámara de diputados y senado que nos representan, quieren la mejor educación posible para sus hijos y el país. Pero el enfoque de satanizar, limitar, restringir y castigar al sistema educativo privado no es la solución que le conviene al país.
Nadie quiere sentirse abrumado, abusado, o acorralado por un sistema de educación privada que abuse de sus familias. Tampoco deseamos que el sector educativo sea vilificado, decimando así la labor de los educadores, y promoviendo una falta de respeto generalizada a la labor docente. El país y el sector educativo privado se merecen reconocimiento por su resiliencia y su capacidad de ajustarse a las realidades que nos trajo la pandemia del Covid-19; no fue perfecto, pero fue lo posible dada las circunstancias. Paradójicamente, en vez de reconocer esta labor, lo que ha recibido el sector educativo privado es una avalancha de críticas y analogías injustas e incorrectas orientadas a poner una camisa de fuerza sobre el sector que terminará diezmando nuestra “capacidad educativa instalada.” Lo que se requiere es un balance entre los derechos de los usuarios de la educación privada y los derechos de los gestores de la educación privada.
Ya que la analogía era de las gasolineras, concluyo con una lección aprendida de la hermana República de Venezuela donde los combustibles son gratis, pero no hay. ¿Yo les pregunto a los distinguidos legisladores “¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Una educación privada inefectiva? ¿Fomentar un marco legal donde las instituciones educativas privadas no tengan la libertad de diseñar su plan de centro orientado al objetivo de la comunidad educativa que sirve? ¿Crear un ecosistema donde no prime la creatividad y el sentido de emprendimiento?” Pues no nos sorprendamos cuando los niveles de aprendizaje se asemejen a los del abasto de combustibles en Venezuela: No habrá.
La educación no es un producto, es un servicio sumamente complejo que amerita el apoyo del estado, tanto en el sector público como en el privado, para el beneficio generalizado de nuestros hijos, sus hijos, y del país. Los colegios y las gasolineras, un análisis fallido que preocupa.