Desde el mismo 5 de julio en que Luis Abinader fue electo presidente de la República, la población ha empezado a exigir que funcionarios del actual gobierno sean llevados a la cárcel. Incluso hubo una periodista que expresó que si en enero no había personas presas, iban a marchar en contra del gobierno. Es muy fácil presentar todas estas exigencias, sin embargo, no es tan simple llevarlo a la práctica. Principalmente porque el hecho de que una persona vaya a la cárcel o no, no es una decisión que puede controlar Luis Abinader y su gobierno.
Además, una de las peticiones más fervientes que ha tenido toda la sociedad en sentido general es que el país cuente con un Ministerio Público independiente. Con ello, un Procurador General de la República que en materia de corrupción no responda a los intereses del gobierno. En ese caso, es contradictorio pedir la independencia del Ministerio Público, pero, a la vez, exigirle al presidente personas presas.
A lo anterior debemos sumarle que, si bien podríamos tener un Ministerio Público que actúe de manera libre y sin ningún tipo de coacción de parte del gobierno, tampoco recae única y exclusivamente sobre este órgano la responsabilidad de que una persona vaya a la cárcel o no. La Constitución dominicana, en su artículo 169, establece que, “el ministerio público es el órgano de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”. Por tanto, si bien el Procurador General de la República es quien dirige el Ministerio Público y éste es nombrado por el presidente de la República, a fin de cuentas, será el Poder Judicial el encargado de impartir justicia y determinar quién es culpable de un delito y debe ir a la cárcel y quién no lo es.
Por igual, colocar plazos para exigir que haya presos resulta excesivo e indica un pleno desconocimiento de la ley. Todo proceso penal se rige por normas y garantías establecidas en el Código Procesal Penal, las cuales se les deben aplicar a todas las personas, sin importar que esta sea considerada para la sociedad como el peor de los corruptos. Cualquier sometimiento a la justicia que se produzca a partir del 16 de agosto deberá agotar la fase de investigación e instrucción del proceso, para determinar si existen elementos suficientes para pasar al juicio de fondo en donde se determinará si conforme a las pruebas presentadas el acusado es inocente o culpable. A estas fases les debemos sumar los recursos disponibles que tendrán las partes, ya sea ante la Corte de Apelación o ante la Suprema Corte de Justicia. Siempre teniendo presente que durante todo el proceso la persona imputada estará protegida por el principio de presunción de inocencia, el cual reza que, “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Es válido que la sociedad tenga sed de justicia, que todos tengamos el deseo de ver a los corruptos respondiendo por los actos cometidos. Sin embargo, la justicia no puede ser vista como un simple deseo. La justicia debe permanecer al margen de las exigencias de la sociedad y debe limitarse a aplicar la ley, sin importar, la persona a la que le corresponda juzgar. Si actúa de forma contraria, entonces no sería justicia, sino venganza.
En conclusión, en mi humilde opinión, Luis Abinader tiene la obligación de garantizarle a la sociedad que el nuevo Procurador General de la República instrumente expedientes sólidos, que sean producto de investigaciones serias con el objetivo de obtener condenas privativas de libertad contra aquellos que han violado la ley. Exigirle al presidente electo que garantice que aquellas personas que tenemos la percepción son corruptas vayan a la cárcel, es pedirle que se extralimite en sus funciones. Es requerirle que ejerza influencias sobre el Poder Judicial y con ello vulnere la sagrada separación de los poderes del Estado. La consigna debe de ser: el Ministerio Público que investigue y someta, actuando sin injerencias de ningún tipo, y, por su parte, el Poder Judicial que condene.