El anuncio de Luis Abinader de que nombrará, exclusivamente, gobernadoras provinciales me sorprende escribiendo este artículo. Con el mismo pretendo demostrar que es necesario eliminar estas instituciones por razones económicas, institucionales y hasta simbólicas.

Las primeras decisiones del presidente electo Abinader me parecen esperanzadoras, porque trascienden lo que siempre se ha hecho, porque muestran originalidad, lo cual es esencial: las soluciones de un problema no pueden situarse en el mismo nivel en el que fueron creados. Dar un protagonismo político mayor a la mujer dominicana es una intención loable. Pero este protagonismo no puede basarse en entidades públicas costosas, innecesarias y obsoletas.

Según las últimas estadísticas disponibles, el presupuesto mensual correspondiente a una gobernación provincial ronda el millón de pesos. Hablamos, en consecuencia, de una asignación anual de más de trescientos cincuenta millones de pesos, sin incluir los gastos de capital correspondientes a las remodelaciones de las gobernaciones. Hablamos, en consecuencia, de una asignación nada despreciable y, sin embargo, innecesaria.

Las funciones de las gobernaciones provinciales son varias. La más relevante es social: ofrecer a los ciudadanos apoyo económico de diversas índoles. Así, las gobernaciones funcionan de forma similar a la del despacho de la Primera Dama. Y, al igual que este, constituyen una redundancia institucional. El presidente electo Abinader ha anunciado que eliminará el despacho de la Primera Dama, reasignando su presupuesto a las instituciones cuyas funciones usurpaba. Debe hacer lo mismo con las gobernaciones provinciales, por las mismas razones.

No es cierto que las gobernaciones constituyan un gobierno local. Los gobiernos locales son los ayuntamientos. Los gobernadores provinciales son los representantes de un Poder Ejecutivo hipertrofiado que no tiene razón de ser. Los fondos asignados a las gobernaciones están incluidos en el presupuesto del Ministerio de Interior y Policía. Porque, a pesar de que las funciones actuales de las gobernaciones posean un carácter social, estas fueron creadas como instrumentos de seguridad pública.

Imaginemos que retrocedemos un siglo y que nos adentramos en la era de Concho Primo. Imaginemos que llegamos a un país en el cual los presidentes tienen que lidiar permanentemente con los alzamientos de los caudillos locales que buscan su derrocamiento. Imaginemos las carreteras escasas y malas que tienen que recorrer las tropas gubernamentales para sofocar los continuos focos guerrilleros. Si imaginamos todo esto, entenderemos la razón de ser de las gobernaciones. Entenderemos por qué Lilís necesitaba como gobernador de Santiago a un incondicional como Perico Pepín, y por qué Trujillo necesitaba como gobernador de Santiago a un incondicional como José Estrella.

Ya no nos gobiernan dictadores: nos gobiernan presidentes. Los tiempos de Concho Primo son cosa del pasado.  Y las anacrónicas gobernaciones civiles también deben serlo. Eliminando las gobernaciones provinciales, Luis Abinader contribuirá con la institucionalidad del país, con una sociedad más democrática en la que el Poder Ejecutivo tenga tanta preponderancia como los otros dos poderes del Estado y con una utilización racional de los fondos del erario, muy necesaria en estos tiempos de crisis. Existen otras maneras de aumentar la presencia de la mujer en la política que no perpetúen instituciones decididamente trujillistas.

Invito a Luis Abinader a reflexionar sobre esto.