Las grandes potencias económicas y políticas en diversos momentos han iniciado y promovido acciones decididas contra el narcotráfico, invirtiendo importantes sumas de dinero; colaborando con gobiernos extranjeros para la erradicación de estos negocios y persiguiendo estas acciones ilegales que mundialmente producen unos ingresos en el orden de los USD320 billones cada año, de acuerdo con datos ofrecidos por la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas (UNODC); mientras, en cambio, es muy poco lo que se hace para combatir el lucrativo negocio del trasiego de productos comercializados sin autorización, falsificados y/o pirateados, pese a constituir un negocio que mueve unos USD1.3 trillones anuales (datos emitidos por la Cámara de Comercio Internacional para el 2015), sobrepasando por mucho los ingresos provenientes del negocio del narcotráfico.

En una capacitación que ofrecimos al personal del Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) durante el mes de diciembre del 2019, indicábamos que aunque la comercialización de productos falsificados es la más comúnmente conocida de las operaciones ilícitas internacionales; no se trata de la única forma de comercio de productos ilícitos y que en ese sentido, es necesario poner atención al trasiego de productos perfectamente lícitos en un mercado determinado y que son transportados a otro para ser introducido en violación a las leyes locales, constituyéndose de inmediato en productos ilícitos. Esto es lo que se conoce en inglés como “illicit white”, el cual afecta enormemente a las industrias del tabaco, agroquímicos y medicamentos.

En un dato proveniente de investigaciones realizadas a las confiscaciones de aduanas y puntos fronterizos; así como mediante estudios de disponibilidad en los comercios se ha estimado que el negocio ilícito de cigarrillos excede los 650 billones de unidades de cigarrillos al año, lo cual representa un 11.6 por ciento del consumo general de este producto. En la República Dominicana se ha estimado que 7 de cada 10 comercios tienen disponibilidad de cigarrillos ilegales, en un negocio que pone a disposición del consumidor más de 30 marcas, que se ha constituido en la segunda empresa de productos del tabaco en el país, con un 39% de participación del mercado y que constituye una franca competencia desleal, puesto que los cigarrillos ilícitos se comercializan a un precio que el mercado formal no puede igualar, debido a que en muchos casos el precio de venta del producto ilegal representa lo que se paga en impuestos por la unidad del legal.

Luego de los cigarrillos, la otra categoría de producto víctima de importancia del ilícito es el alcohol, el cual produce ganancias ilícitas en el orden de los 2.4 billones, conforme con los más reciente informes de Euromonitor International. La definición de ilícito para los productos del alcohol varía conforme que se trate de bebidas que no pagan impuestos; aquellas no aptas para el consumo humano o aquellas que ocasionan perdidas a los productos legítimos. En general, el alcohol ilícito incluye todos los productos que no cumplen con las pautas de producción, con las regulaciones impositivas, aduanales o con las leyes de propiedad intelectual. En la República Dominicana, de acuerdo con un reportaje de la revista Forbes del 2017, una de cada tres botellas de alcohol es ilegal; lo que coloca al país a la cabeza de la lista de países de la región con mayor consumo de alcohol ilícito en términos porcentuales, con un 29%, frente a un 24% de la zona.

Otros productos afectados sensiblemente por el comercio ilícito en la República Dominicana son los medicamentos e hidrocarburos, entre otros. Corresponde a la nueva administración asumir este importante tema como una emergencia nacional; en el entendido de que se trata de un mercado más rentable que el narcotráfico, y cuyos ingresos se destinan a subvencionar operaciones transnacionales de crimen organizado, afectando no sólo los ingresos del Estado; sino también la imagen del país, la salud de la ciudadanía y la seguridad de comunidades completas. Es urgente aplicar enérgicamente la Ley No. 17-19 contra el Comercio Ilícito e impulsar concomitantemente una campaña de concienciación dirigida a los comercios y a los consumidores, quienes deben comprender que forman parte de una cadena de delincuentes y que sus acciones pudieran llevarlos a la prisión o en el último caso a la muerte.