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Bernardo Fuentes

Economista

Sobre mí

Tiene más de 10 años de experiencia en análisis económico. Graduado con honores de la PUCMM. Realizó estudios de postgrado en Finanzas Corporativas en INTEC y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Université du Quebec á Montréal. Adicionalmente, ha realizado estudios avanzados en el INCAE en Costa Rica y en el FMI en Washington.

2003-2004

La crisis bancaria de 2003-2004 tuvo efectos devastadores sobre la economía dominicana.

La inflación aumentó de 10.5% en 2002 a 42.6% en 2003 y 28.7% en 2004.

Asimismo, el crecimiento de la economía cayó desde 5.8% en el 2002 a -0.3% en el 2003 y apenas 1.3% en 2004.

Como parte del rescate a los depositantes, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) tuvo que emitir mucho dinero, lo cual conllevó que prácticamente se duplicó la cantidad de dinero en circulación en sólo un año.

De hecho, la expansión en la liquidez de la economía no fue mayor porque, al mismo tiempo, el BCRD emitió alrededor de RD$52,000 millones (8.5% del PIB) en certificados. La emisión de dichos certificados, ofreciendo tasas de rendimiento que llegaron a superar el 50% anual, permitió sacar dinero de circulación.

Aunque el BCRD ha hecho todo lo posible por ampliar el plazo promedio de sus certificados y reducir la tasa de interés que paga, hoy en día, el monto total de certificados emitidos supera los RD$260,000 millones (11% del PIB) y, según la ley de recapitalización del BCRD, el Gobierno Central debe disponer anualmente entre un 6% y 8% de las recaudaciones para estos fines.

Sin lugar a dudas, fue una de las crisis más severas que ha enfrentado la economía dominicana y todavía estamos siendo afectados.

Ahora bien, resulta sumamente importante destacar que, para poder mitigar el impacto de la crisis, las autoridades dominicanas decidieron acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual no ocurría desde 1993.

En este sentido, las autoridades negociaron con el FMI un programa de ajuste económico que incluía una estrategia para fortalecer la confianza de los depositantes en el sistema bancario. Dicha estrategia se enfocaba en asegurar que no hubiesen problemas de malas prácticas en otros bancos del sistema y, adicionalmente, en la implementación de regulaciones para fortalecer la normativa prudencial y la supervisión bancaria.

En pocas palabras, las autoridades tenían el objetivo de asegurarse que no hubiesen problemas en más bancos y, al mismo tiempo, se buscaba adoptar regulaciones para que no ocurriese una crisis similar en el futuro.

Bajo esta estrategia, se emitieron todos los reglamentos que contemplaba la Ley Monetaria y Financiera y se sentaron las bases para el sistema financiero que tenemos hoy día.

En efecto, el Presidente Danilo Medina destacó en su discurso de rendición de cuentas de ayer que:

“El sector financiero se mantiene fuerte y en crecimiento, pues se adoptaron las decisiones para fortalecer la regulación y vigilancia, de modo que hoy exhibe altos niveles de capitalización, estabilidad, solidez y solvencia.”

2012

Desde hace más de 10 años, el Gobierno dominicano viene adoptando medidas para asegurar la sostenibilidad de sus finanzas. Solamente en el período 2004-2007 se adoptaron cuatro reformas fiscales.

Esta situación se agravó en el 2008 cuando el déficit del Gobierno superó los RD$58,000 millones (3.7% del PIB). Las autoridades decidieron nuevamente recurrir al FMI para contar con ayuda para enfrentar la situación.

En esta ocasión, se diseñó un plan de ajuste macroeconómico que reduciría gradualmente el déficit del Gobierno hasta niveles inferiores al 1% del PIB en el 2012.

Lamentablemente, las metas fiscales no fueron alcanzadas y el déficit del Gobierno se mantuvo en niveles cercanos al 3% del PIB durante los años 2009 a 2011.

Con la finalidad de disminuir el déficit, en el 2011, el Gobierno sometió una reforma tributaria y diseñó un presupuesto para 2012 que contemplaba un déficit de apenas RD$22,000 millones (0.9% del PIB).

Aunque todavía no tenemos las cifras oficiales y definitivas sobre el desempeño fiscal en 2012, el Gobierno ha informado que el déficit en el 2012 superó los RD$124,000 millones (5.4% del PIB), es decir, una desviación de más de RD$100,000 millones contra lo que se había presupuestado.

Resulta difícil poner en palabras las implicaciones del déficit 2012 para la economía dominicana en los próximos años. El hecho de que el Gobierno haya tenido que someter una agresiva reforma tributaria en el 2012 nos comienza a dar una idea pues todos estamos sufriendo el peso de los nuevos impuestos. Pero la deuda asumida en 2012 deberá ser repagada en los próximos años y esto implicará que recursos que se pudieran destinar a educación y salud deberán ser usados para repagar deuda. La situación pudiera empeorar aún más si nos vemos en la necesidad de entrar en un proceso de renegociación de nuestra deuda pública externa e interna.

Nunca jamás

Entonces yo les quiero preguntar a ustedes lo siguiente:

Si en el 2003 se adoptaron medidas para que no se volviera a repetir una crisis bancaria, ¿Por qué no hemos tomado medidas para evitar que el Gobierno vuelva a tener déficits tan elevados como en 2012?

Yo creo que sería una gran irresponsabilidad de todos nosotros que no se tomen las medidas hoy que sean necesarias para garantizar que lo ocurrido en 2012 no se repita más.

En ese sentido, me parece lamentable que, durante su discurso de rendición de cuentas de ayer, el Presidente Danilo Medina no se haya referido a este aspecto tan importante.

Al mismo tiempo, deseo apoyar públicamente a entidades como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) que han recomendado la elaboración de una Ley de Responsabilidad Fiscal para República Dominicana.

Una Ley de Responsabilidad Fiscal debería contribuir a mejorar la rendición de cuentas sobre las ejecuciones fiscales del Gobierno, asegurar que se tomen medidas para disminuir el peso de la deuda pública, disminuir la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas y mejorar el proceso de elaboración de los presupuestos anuales.

En este orden, me parece interesante y favorable que la Estrategia Nacional de Desarrollo ya contempla la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que “permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.

Creo que lo ideal sería abrir un proceso de diálogo entre el sector público y privado para definir el contenido exacto de la Ley. Quizás esto pudiera formar parte de las discusiones del pacto fiscal que aún está pendiente.

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