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Marisol Vicens Bello
Abogada
Sobre mí
Socia de la firma Headrick Rizik Alvarez & Fernández. Actualmente miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada (CONEP). Pasada presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana.
Mediante el decreto 545-12 el presidente Danilo Medina suprimió tres instituciones que habían sido creadas por decreto: el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ).
El CONARE había sido creado en 1996 en el primer gobierno de Leonel Fernández como Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, luego fue rebautizada en el gobierno de Hipólito Mejía como Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y aunque tenía objetivos muy loables, y promovió importantes discusiones; las múltiples propuestas que presentó prácticamente no fueron tomadas en consideración y así fue perdiendo importancia.
Parece increíble que casi 15 años después de la reforma del Poder Judicial todavía existiera el CARMJ, creado en 1996 como Comisión Nacional de Apoyo a la Reforma Judicial y modificado en 1998 para justificar su permanencia; el cual luego de los primeros años de intensa actividad perdió toda razón de ser y más bien sirvió de plataforma para sus incumbentes.
Aunque la Reforma Procesal Penal lleva 8 años en ejecución, todavía teníamos la Comisión creada en el año 2002 para su ejecución; que acaba de ser eliminada.
Esta es una discreta muestra de la forma en que se ha administrado nuestro Estado, con un criterio irracional que solo persigue un propósito clientelar, pero no podemos conformarnos con que se eliminen estos tres consejos que tenían un presupuesto de alrededor de RD$136 millones. Necesitamos que se profundice en el recorte y que se eliminen todas las entidades inútiles para el país, incluso duplicadas muchas de ellas ocasionando distorsiones y sin que ninguna cumpla realmente su misión como ocurre con la regulación del transporte.
Es el caso del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD); de la Dirección General del Desarrollo de la Comunidad; del Instituto del Desarrollo para el Suroeste (INDESUR), el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); la Lotería Nacional y otras; que solo han servido para enriquecer a sus directores y ayudar a la permanencia de agrupaciones políticas que solo buscan servirse del poder y que en nada contribuyen a la democracia.
Y muchas de estas entidades públicas que no hacen sentido no solamente significan un despilfarro de recursos en nóminas para beneficio de compañeros del partido de turno y aliados; sino de triste escenario de prebendas, corrupción y todo tipo de contratos y negocios inescrupulosos con bienes públicos para favorecer a políticos y amigos o a quienes estén dispuestos a pagar las coimas para ser beneficiados.
El Estado Dominico posee un patrimonio inmobiliario que ha sido dilapidado por políticos de turno en la Dirección de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, el Instituto Agrario Dominicano y otras instituciones. Por eso debemos exigir que el pacto fiscal a ser consensuado tenga como una de sus premisas el compromiso de organización del patrimonio estatal y de su gestión transparente y responsable.
El Presidente Medina ha dado tan solo un primer paso, relativamente fácil, pero lo más importante queda por hacer que es reestructurar un aparato estatal que ha estado más al servicio del clientelismo y la corrupción que de los intereses nacionales. Para esto harán falta muchos más certificados de defunción de entidades públicas inútiles y distorsionantes que generarán disgustos entre los perjudicados y satisfacción a toda la sociedad. Ya veremos a quien se debe.
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