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Carlos Báez Evertsz
Politólogo y sociólogo
Sobre mí
Doctor en sociología (PhD).Postgraduado en comunicación política. Funcionario de carrera por oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España (en activo de 1986 al 2009). Ha sido profesor de sociología y ciencias políticas. Actualmente es analista político.
Teoría Política de la Corrupción (5). Europa del Sur. El caso italiano
Se ha detectado una práctica muy generalizada, en algunas democracias europeas, como la utilización de subterfugios claramente ilegales o al margen de la legalidad, para financiar a los partidos y a las campañas electorales. Esto ha llevado incluso a poner término al sistema político imperante en Italia desde la posguerra, ya que en ese país la corrupción se convirtió en parte integrante del normal funcionamiento de los partidos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista.
El sistema político se basaba en unas redes clientelares a través de todo el Estado donde se aseguraba la lealtad política y del voto mediante el otorgamiento de puestos o canonjías en las instituciones del estado, ayuntamientos y entes públicos estatales, regionales y locales. Todo se justificaba por el hecho de que en Italia existía el más poderoso, organizado e ilustrado Partido Comunista de Occidente. Que a pesar de todas esas trabas logró incluso ser el partido más votado de Italia.
La corruptela del sistema italiano fue expuesta claramente por Bettino Craxi, el corrupto y condenado ex primer ministro socialista, con su habitual contundencia verbal: “El sistema era así. Todos hemos pecado”. Es la habitual auto justificación de todos los corruptos, los delincuentes y de los sicarios: “Yo hacía lo que hacían todos”…”El sistema funcionaba así”…”Cumplía órdenes”, etc. Se pretende diluir la responsabilidad individual, personal, en el abstracto colectivo de unos comportamientos estandarizados al que uno no se puede sustraer. La moral, la responsabilidad, el deber cívico, para ellos es inexistente.
Giulio Andreotti, el político omnipresente en el escenario político italiano en casi todos los gobiernos desde la posguerra, y al que se le atribuyen de manera muy fundada, presuntas conexiones con la mafia –lo que significa una unión entre prácticas delictivas, negocios, política e incluso terrorismo-, es el no va más, de hasta dónde puede llegar la corrupción política en una sociedad democrática. El llamado por algunos el “Richelieu italiano”, no merece esa comparación con el gran estadista francés, uno de los forjadores del Estado unitario de Francia y uno de los padres de la “realpolitik” junto a su heredero el Cardenal Mazarino.
Con Berlusconi la corrupción y el uso del Estado para beneficio privado alcanzó su momento estelar en la península italiana. De hecho Berlusconi se decide a entrar en la política con el fin de detener los procesos judiciales en su contra por delitos económicos. Con la política se cubre con la inmunidad parlamentaria y posteriormente al acceder a la Presidencia del Consejo de Gobierno, con una amplia mayoría parlamentaria, hace aprobar leyes que le blindan contra los procesos judiciales.
Hace además una campaña mediática y política contra los jueces con el fin de desprestigiarlos. No en vano controla la televisión privada, pone mordaza a la TV pública, la emblemática RAI, y desde su control de los medios impresos, bombardea a la sociedad con sus consignas anti políticos “del sistema” y “comunistas”.
Con Berlusconi Italia puso a la cabeza del gobierno al más descarado e impúdico de los empresarios de ese país –y al más rico-, quien una vez afianzado en el poder no escatimó escándalos como sus orgias con prostitutas menores de edad y su red de favores a costa del Estado, para tener suplidores de mujeres para sus desenfrenos sexuales y de sus amigos políticos de toda Europa.
España
En España los escándalos de casos de corrupción fueron utilizados por la derecha política para tratar de minar el prestigio inmenso de Felipe González, ya que eran conscientes que derrotarle en las urnas era una tarea casi imposible. De manera, que no se trata de que durante sus casi catorce años de gobierno no se hubieran producido casos de corrupción en España, sino que los mismos se hipostasiaron, se deformaron para darle una carga política contra el presidente del Gobierno, aunque él mismo nunca hubiera estado implicado en los mismos, ni se haya podido nunca demostrar su implicación en ninguna trama corrupta.
El descubrimiento de algunas prácticas ilegales de financiación por los principales partidos tuvieron gran impacto mediático. Al PSOE se le atribuyeron los casos del hermano del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, que utilizaba un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla para hacer negocios privados, y el caso Filesa, de cobro de financiación ilegal para el partido socialista.
Pero la derecha también fue objeto de denuncias que luego han tenido seguimiento judicial y condenas como el caso Naseiro y el del túnel de Sóller en Palma de Mallorca, e incluso el partido nacionalista catalán, CiU sempiterno apoyo de los gobiernos en Madrid, cuando no hay gobiernos de mayoría absoluta, ha tenido casos destacados como el de Banca Catalana.
A esos casos de corrupción política se unió en los años 90 el descubrimiento de otros graves escándalos sobre los métodos empleados en la lucha contra la organización terrorista e independentista vasca ETA. La supuesta utilización irregular de fondos reservados del Ministerio del Interior, y el escándalo del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, quien no sólo se apropiaba de parte de fondos reservados destinados a ese cuerpo policial, sino que cobraba comisiones millonarias a los constructores de cuarteles de ese cuerpo policial por otorgarles las obras sin licitación pública y que, además, estaba implicado en otros negocios sucios. Todo ello contribuyó a un cierto desprestigio de Felipe González en su calidad de presidente del Gobierno, y quien había nombrado a Roldán en el cargo.
Ese conjunto de escándalos y una perfecta y orquestada campaña de algunos medios de comunicación, relacionados con banqueros y hombres de negocios afectados por medidas del Gobierno, que le proporcionaban dossieres comprados inclusive a ex miembros de los servicios de información, llevó al gobierno de Felipe González a tener que convocar elecciones anticipadas para el 3 de marzo de 1996, a sabiendas de que tenía grandes probabilidades de perderlas. Como así ocurrió. A pesar de que durante los gobiernos de Felipe González, España vivió su edad de oro contemporánea.
El proceso de modernización propulsado por Felipe González del 1982 al 1996, se puede calificar como la gran “revolución silenciosa” de la España contemporánea. Durante ese periodo España llevó a cabo una reconversión industrial, hizo su entrada en la Unión Europea, y puso en marcha políticas sociales avanzadas que han significado el establecimiento de un modesto sistema de Estado de Bienestar tardío, ya que el mismo se ponía en marcha cuando en el resto de Europa se teorizaba sobre la necesidad de transformar el Estado de Bienestar keynesiano posterior a la posguerra, debido a la crisis económica de mediados de los años 70, el aumento del paro y el proceso aún incipiente del envejecimiento de la población europea.
Todo lo cual, sumado, significaba un incremento de los gastos sociales en un contexto de cierta disminución de los ingresos fiscales del Estado. Y por otro hecho decisivo: la creciente hegemonía de las ideas neoliberales de individualismo posesivo y de decadencia de las ideas de solidaridad social. A lo cual contribuiría de manera decisiva el posterior derrumbe de la URSS.
En la España posterior a Felipe González, los escándalos de corrupción no han cesado sino que se han incrementado. Durante los dos gobiernos de José María Aznar la burbuja inmobiliaria creció de manera que parecía que la misma era incapaz de reventar, y ese sueño de la riqueza contaminó a todos los sectores. El precio de la vivienda parecía que iría siempre en aumento, y se pasó de la tradición de que los bancos fueran muy rigurosos en dar créditos inmobiliarios a la nueva actitud de ser muy amplios en otorgar créditos sin los avales necesarios.
Se liberalizó el suelo –aprobando una nueva Ley del suelo que facilitaba su puesta a disposición de los constructores-, de manera que éstos podían adquirir a buenos precios ingente cantidad de terreno que a continuación eran declarados urbanizables, lo cual representaba grandes ingresos para los ayuntamientos y pingües beneficios para los empresarios de la construcción. En la Comunidades Autónomas gobernadas por el PP se produjo un gran festival de gasto público, llevándose en ello la Palma de Oro, Valencia, dónde los gobernantes conservadores rediseñaron la ciudad y establecieron un sistema de sobornos que años después los llevaría a los tribunales, aunque por corruptelas de menor cuantía a las proporcionadas por los sobornos e ingresos obtenidos por otras vías.
Hoy en día, el presidente de esa comunidad autónoma tuvo que renunciar. Y su sucesor ha tenido que pedir al gobierno el rescate estatal, ya que carecen de fondos para hacer frente al pago de sus obligaciones como gobierno regional. Otras seis comunidades autónomas también han anunciado que necesitan acudir al rescate del Estado. Entre ellas Cataluña, dónde se ha destapado otro caso de corrupción política en el cual está impli cado el secretario general del partido nacionalista, gobernante, CiU, Oriol Pujol y su mujer, quien en una trama de negocios corruptos cobraba por amañar concursos públicos de la Generalitat de Cataluña (gobierno catalán).
También en Andalucía que durante treinta años ha sido el granero de votos del PSOE, se ha destapado el uso fraudulento de los fondos de los ERl ( programa para las empresas en dificultades que tienen que reducir empleo), por parte de directivos de la Junta de Andalucía. Los implicado han sido investigados y juzgados, y los socialistas han condenado a los implicados y los han expulsado de sus filas.
Lo curioso, desde el punto de vista de la corrupción, es que en las elecciones de noviembre de 2011, ganadas por el PP al PSOE por mayoría absoluta. Los electores no tuvieron en cuenta las denuncias de corrupción y votaron en muchas comunidades autónomas por los mismos dirigentes que habían sido investigados por casos sonados de corrupción.
De lo cual se puede sacar una enseñanza – que no sabemos si es típica de España o puede ser extensiva a otros lugares-, esto es, que los electores son más benévolos con los políticos de la derecha y del centro-derecha cuando cometen actos de corrupción, que con los políticos que se declaran de izquierda o de centro-izquierda, cuando cometen actos de corrupción o graves errores de gobernanza.
La razón de esta práctica electoral se puede explicar por el hecho de que los votantes de izquierda y de centro-izquierda son más críticos, puntillosos, y tienen una concepción de la política basada en valores superiores, que lo que demuestran tener los votantes de la derecha.
Estos tienen en esto más consciencia de pertenencia a un grupo social privilegiado (o se sienten más atraídos por los miembros de las llamadas “clases superiores”, aunque sean pobres o de clase media baja), y por ende, son más propensos a perdonar estos fallos o disfunciones, que los más exigentes en materia de moral pública, ciudadanos críticos de la izquierda plural (desde demócratas socio-liberales hasta anarquistas -yendo de un extremo a otro del arco izquierdizante-, pasando por todas las vertientes de la socialdemocracia y el socialismo hasta las diversas tendencias del comunismo).
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