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Apolinar Veloz
Economista
Sobre mí
Es economista graduado de Maestro en Economía y Política Internacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México DF. Asimismo, tiene postgrado en Planificación y Política Económica por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile, Chile. Obtuvo su licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue Gerente del Banco Central dominicano y sub-secretario de finanzas. Actualmente es el Director de la Carrera de Economía del INTEC.
La irracionalidad de la política fiscal de la presente administración así como la inexistencia de compensadores monetarios y cambiarios ha colocado al país en la antesala de otra reforma fiscal que, según la información que circula en la prensa nacional, lastimaría sensiblemente a la mayoría de la población.
No ha habido argumento que haya podido convencer a la administración Fernández de racionalizar el gasto público, de mejorar significativamente su calidad o de reducirlo para evitar mayores sacrificios para la población. El despilfarro de los recursos públicos ha sido la marca distintiva de la presente administración.
La ley anual de gasto público solamente ha servido para enriquecer a los funcionarios públicos y mantener a la clientela política mediante excesivos subsidios. Esta tendencia queda confirmada con el comportamiento fiscal del primer cuatrimestre del 2012. A febrero del 2012 el gobierno central había registrado un déficit que había superado en RD$9,000 millones al déficit estimado para todo este año. Pese a esta delicada situación de las cuentas públicas el gobierno continuó su derroche y ya para el mes de abril el déficit registraba una cifra record de RD$48,000 millones, es decir casi RD$26,000 millones por encima del déficit que contiene la Ley de Gasto Público del 2012 en tan solo cuatro meses. Olvídese de la supervisión de la ejecución presupuestaria por parte del Congreso o de la Cámara de Cuentas, ambos obedecen a los designios de Poder Ejecutivo.
En el corto plazo, esta situación conduce a una modificación de la estructura de los ingresos tributarios, toda vez que la presente administración no pretende racionalizar su política fiscal ni cumplir con la consolidación fiscal propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y violada en dos ocasiones. La única alternativa que contempla la administración peledeísta consiste en aumentar los ingresos tributarios.
Por otro lado, este aumento significativo de la demanda del gobierno no ha tenido respuesta de las autoridades monetarias, especialmente por los efectos que el exceso de gasto tiene sobre la inflación. Como el banco central calcula la inflación, no cabe duda de que la misma resultará imperturbable al excesivo gasto del gobierno.
Durante las últimas dos reuniones del comité de operaciones de mercado abierto las tasas de interés no ha sufrido cambios, de lo que se desprende que el producto se encuentra, según el BC, distante del producto potencial y que no existe peligro de inflación, tal y como se sabía desde el anuncio del programa de metas de inflación. La meta de inflación se cumplirá a pesar de que el déficit del gobierno sea significativamente mayor al del 2011.
Ejecución Presupuestaria Enero-Abril 2010-2011, en Millones de RD$
Fuente: Ministerio de Hacienda
A pesar del éxito macroeconómico de la presente administración, las discusiones sostenidas con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y funcionarios del área económica reflejan la gravedad de la situación fiscal; la cual se presume muy delicada ya que las propuestas de reforma tributaria son de muy corto plazo y no hay oportunidades para plantear (dentro de ese esfuerzo) cambios en los ingresos públicos que los hagan sostenibles en el mediano y largo plazos.
No se contempla, por ejemplo, la reducción de la evasión y la elusión fiscales; tampoco se menciona la búsqueda de la equidad fiscal ni mucho menos se plantea mejorar la distribución del ingreso mediante una aplicación de tributos que contemplen la capacidad de pagos de la población.
El único objetivo de las autoridades es sencillamente aumentar los ingresos tributarios, sin compromisos para racionalizar la política fiscal; es decir gastar de acuerdo a los ingresos y poner en marcha planes de inversión pública en consistentes con el aumento de la productividad y la promoción de la competitividad, que permita reducir el déficit de la balanza comercial y la cuenta corriente y evitar que este sector sea el cuello de botella externo de la economía dominicana. En otras palabras, que el gasto público tenga el propósito de contribuir con el verdadero desarrollo, dejando de lado sus “contribuciones” a la rampante corrupción que existe en la presente administración.
Los dominicanos no debemos financiar el enriquecimiento de la clase política, de ninguna organización. Los dominicanos debemos exigir que nuestros recursos sean usados con racionalidad y que contribuyan al beneficio de todos.
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