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Olaya Dotel
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Una de las principales consecuencias de la dictadura constitucional es la sustitución del rol de mediador del Estado por la de actor, lo que convierte a quienes gobiernan en competidores aventajados en los escenarios político, económico y social.
Roto el contrapeso mínimo que requiere un Estado democrático, producto de la cooptación de todos los órganos de gobierno y puestos al servicio exclusivo de los intereses de la corporación en que se ha convertido el Partido de la Liberación Dominicana, el resto de la sociedad dominicana ha quedado en situación de marginalidad, víctima de la dictadura constitucional.
Ejercicios de derechos fundamentales, están mediados por la lealtad a la corporación peledeísta. Y es que, mientras los jóvenes de nuestros barrios caen abatidos por la política de limpieza de la policía nacional, la cual es justificada por el Ministerio Público, estas mismas entidades garantizan la impunidad a altos funcionarios públicos, cuyos actos de corrupción traspasan las fronteras nacionales.
Por otro lado, el Estado dominicano ha degenerado en un instrumento de acumulación y reproducción del poder político, económico y social, cerrando la posibilidad de participación con un mínimo de equidad, a nuevas organizaciones políticas, o el desarrollo económico de otros actores.
Esta situación, resultado de la debilidad institucional que padece la sociedad dominicana, requiere de un pacto para la realización de una profunda reforma política, que le devuelva al Estado su papel de mediador y vuelvan a expresarse en su interior la diversidad de intereses que caracterizan la República Dominicana.
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