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Tolerancia cero, una política criminal autoritaria

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Orlidy Inoa Lazala

Abogada

Sobre mí

Directora Ejecutiva del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED). Áreas de investigación: cultura de armas, impacto de las armas de fuego en la vida de las mujeres, seguridad ciudadana y perspectiva de género, derechos humanos, además de temas relacionados al sistema de justicia penal. Miembro de la campaña Armas bajo control.

En nuestro país, de buenas a primeras, se ha ido introduciendo, en el marco de una política criminal a todas luces represiva, el concepto de tolerancia cero en relación a algunas conductas delictivas.

Pues bien. ¿Cuál es el trasfondo de este tipo de políticas? La primera vez que se escucha mencionar el término fue en 1982 por los autores WILSON y KELLING[1], a través de un breve artículo titulado Broken Windows, o Ventanas Rotas, donde afirmaban que la forma más eficaz de luchar contra los delincuentes era a través de una severa y constante persecución. Persecución, incluso, de aquellas conductas que, aun no siendo consideradas delitos, podían ser vistas como molestas por los ciudadanos de bien. El orden debía ser restaurado, aunque ello llegara a significar la penalización de la pobreza.

Obviamente, lo que perseguía este tipo de política de tolerancia cero era proteger los intereses de las clases ricas y temerosas de la inseguridad ciudadana, quienes pedían a gritos que las autoridades del orden se hiciesen cargo y enfrentaran con carácter las posibles afrentas a su patrimonio.

El entonces Alcalde de Nueva York, R. Giulliani, es quien mejor asume este discurso luego de ganar las elecciones, convirtiéndose en el paradigma mundial de la Tolerancia Cero. En primer lugar, le declara la guerra a la delincuencia callejera, incrementando los medios materiales de la policía, al mismo tiempo de promover los valores más rancios del conservadurismo norteamericano.

Un punto interesante de análisis es el poder discrecional dado a la policía. Giulliani, por ejemplo, organizó una serie de patrullajes agresivos por las zonas más conflictivas de la ciudad, dando rienda suelta a la creatividad policial a la hora de someter y arrestar a quienes consideraban posibles delincuentes.

Como vemos, lo que se esconde detrás de todo esto es la criminalización del pobre, lo que en nada resuelve el problema de la criminalidad común, asociada, en gran medida, a la propia marginalidad y exclusión.

Por el contrario, hace falta lo ya tantas veces repetido, una política social y económica adecuada que pueda revertir la injusta redistribución de la riqueza, por medio de una mayor inversión en obras sociales. Claro, sucede que esto es mucho más costoso, y, a corto y mediano plazo, con menor rédito político.

En definitiva, nos encontramos ante un incipiente modelo de Estado policial, represivo y supresor de derechos, donde las garantías no son más que ficciones, letras muertas en leyes cuyo único objetivo ahora es garantizarle esa supuesta seguridad a los sectores pudientes a toda costa. Y es que, al parecer, ya no tenemos derecho penal, sino una guerra contra la pobreza en el ámbito penal.

[1] Landrove Díaz, Gerardo: El Nuevo Derecho Penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, España, año 2009

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