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Constitución y derechos de la mujer

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Argelia Tejada Yangüela

Doctora en sociología cuantitativa (PhD) y maestría en teología

Sobre mí

Especialista en evaluaciones de impacto y estratégicas en las áreas de organización y protestas rurales, salud primaria y saneamiento, planificación familiar, educación, alimentación escolar y alimentos por trabajo, y desastres.  Autora de los libros "Bateyes del Estado" y "Metodología de una Experiencia en el Sector Rural" así como de decenas de estudios y artículos distribuidos a nivel internacional y nacional.  Actualmente investiga y escribe.

"Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas". George Orwell

El 2 de enero mediante el decreto 768-11 el Poder Ejecutivo declaró el 2012 como el "Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana".  El decreto lo anuncia el Presidente con un comentario Orwelliano que ya a nadie sorprende: "la República Dominicana se rige por una Constitución de carácter ampliamente progresista producto del consenso de todos los sectores de la vida nacional".

El mensaje es claro, para el Presidente la Constitución del 2010 no necesita cambios, sólo fortalecimiento; y no viola derechos, fue consensuada.  La caracteriza de "altamente progresista" a sabiendas de que la propuesta de reforma constitucional que él mismo enviara a la Asamblea Revisora del Congreso Nacional y fuera aceptada en segunda lectura en septiembre del 2009, contenía artículos violatorios a los derechos de la mujer, discriminatorios de parejas del mismo sexo, y asignaba privilegios a la Iglesia Católica sobre las demás; contradiciendo las corrientes democratizadoras y liberadoras de finales del Siglo XX.

Con 12 años en el poder, Fernández no puede alegar desconocimiento de los acuerdos de la Cumbre Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), de las cuales la República Dominicana es signataria.  En esta última Conferencia se acordó el derecho de la mujer a controlar su sexualidad, a través de una decisión libre y responsable tomada sin discriminación ni violencia; además, insta a los gobiernos a revisar las leyes que castigan el aborto.

Fernández tampoco puede ignorar que en el año 2000 la Asamblea de la ONU estableció los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para reducir la pobreza extrema, que incluyen promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer (ODM #3), y mejorar la salud materna (ODM #5).  En Octubre del 2006, la ONU acordó incluir el acceso mundial a todos los servicios de salud sexual y reproductiva como instrumento necesario para reducir la tasa de mortalidad materna.   Sin un cambio drástico en la legislación y un aumento en la inversión social,  República Dominicana no cumplirá las metas del milenio.

Fernández hace exactamente lo contrario. Ignora los acuerdos internacionales y la voluntad de la mayoría de la población dominicana que rechazaba el Artículo 30 de la propuesta de reforma constitucional  de que: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte". Al mismo tiempo deja vigente la ley que lo aplica en el artículo 317 del Código Penal que impone una pena de hasta veinte años de trabajos públicos y reclusión a personas que causen o cooperen directamente con la realización de un aborto.  Este es el resultado del proceso de reforma constitucional presente en la Constitución del 2010 que el Presidente caracteriza de "progresista".

En vez de progresista, la Constitución del 2010 sigue la tradición Latinoamericana más conservadora y reaccionaria.  Nuestra región no se ha liberado de la tutela de la Iglesia Católica. Por esa razón, el pequeño grupo de naciones del mundo que criminaliza el aborto de manera absoluta está constituido casi en su totalidad por países Latinoamericanos: Chile, Nicaragua, Salvador, Honduras, Sint Marteen (Antillas Holandesas), y República Dominicana; fuera de la región solamente encontramos a la pequeña nación de Malta y al Vaticano.

De aquí que para poder definir el año 2012 como año de fortalecimiento del estado social y democrático de derecho en República Dominicana es necesario celebrar una Asamblea Constituyente en que las organizaciones de mujeres y el sector de la salud estén debidamente representados. La Constitución del 2010 necesita ser revisada antes que reforzada.

La otra caracterización que Fernández hace de la Constitución es que fue "producto del consenso de todos los sectores de la vida nacional".  Esto lo dice el presidente a sabiendas que la aceptación del Artículo 30 que el mismo enviara a la Asamblea Revisora provocó la primera polémica nacional alrededor del aborto en República Dominicana.  El resultado fue todo menos consensuado;  se impuso por la presión política de la Iglesia Católica y las amenazas del Cardenal a los partidos políticos y los legisladores de que el pueblo les negaría el voto.

La polémica agrupó a organizaciones de mujeres y del sector salud por una parte  y por otra parte a la Jerarquía Católica y sus organizaciones religiosas.  Las vidas y el respeto a los derechos de niñas y mujeres estaban enfrentados a los derechos del no nato desde su concepción, aún en casos de alto riesgo a la vida de la madre, o en casos extremos de concepción forzada por la violación o el incesto en niñas de tierna edad.

La Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional y el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, en un comunicado dirigido a la Asamblea Revisora del Congreso y al Pueblo Dominicano presentaron datos irrefutables sobre la preferencia del pueblo obtenidos a través de una encuesta independiente realizada por la conocida firma Gallup-Hoy en julio del 2009. Un 80% de la población estuvo de acuerdo con que la mujer pueda interrumpir su embarazo cuando su vida peligra y apenas un 14% favoreció la regulación del aborto por la vía constitucional.

Expertos de la salud participaron en la polémica y aportaron conocimientos científicos sobre las consecuencias negativas en la morbilidad y mortalidad materna de ser aprobado el Artículo 30 y su legislación en el código penal. El director de la  Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, advirtió en el 2009 que los médicos se abstendrían de salvar la vida de mujeres que hubiesen abortado fuera de centros de salud para evitar encarcelamientos de hasta 20 años. Los abortos inseguros fuera de centros hospitalarios ponen en peligro la vida de la mujer debido a que es necesario extraer los restos de la placenta del endometrio para evitar infecciones que suelen ser mortales.

Como todos sabemos, la legislación afecta a las mujeres pobres del país.  Las que tienen recursos pueden viajar a países vecinos para de manera segura interrumpir el embarazo.

Las manifestaciones en contra de la penalización del aborto culminaron el día 8 de septiembre, con una marcha masiva "Por la Vida de las Mujeres" que terminó frente al Congreso Nacional. Pero, a pesar del rechazo de la población al artículo 30 y a pesar de su inmoralidad por las consecuencias mortales para la populosa población pobre del país, el Artículo 30 fue aprobado en segunda lectura por 167 congresistas contra 32 que lo rechazaron.

¿Cómo explicar que legisladores electos por el pueblo se negaran a escuchar súplicas y razones? ¿Cómo explicar que partidos políticos que se dicen servir al pueblo legislen para hundir a la población más indefensa? ¿Cómo explicar que a las adolescentes se les niegue educación sexual y acceso a métodos preventivos para luego condenarlas a una maternidad prematura? ¿Cómo explicar que un presidente electo democráticamente califique esta legislación de progresista y consensuada dentro y fuera del país?

La respuesta está en el poder político del grupo opositor.  Diversas reseñas periodísticas del momento citan al Cardenal López Rodríguez  calificando a los que defendían la despenalización del aborto terapéutico de "carniceros" y "mercaderes de la vida".   Desde la perspectiva del Cardenal, el interés de los opositores al Artículo 30 del documento de reforma a la constitución  "es matar, y yo pregunto al mundo entero en que beneficia esto a la humanidad, en que beneficia esto a la Republica Dominicana, seamos honestos".

El periódico Listín  Diario ofrece una reseña de las palabras del Cardenal López Rodríguez el día 4 de septiembre del 2009, durante la vigilia que realizó la Iglesia Católica en la Catedral para criminalizar el aborto sin excepciones.  López Rodríguez afirmó representar al pueblo dominicano y a la humanidad, mientras amenazaba

"El pueblo dominicano está atento a las decisiones de los legisladores y se fijará en las votaciones, quién está en favor de la vida y quién en favor de la muerte...... a esos líderes políticos, si es que tienen peso en el pueblo dominicano, que midan muy bien sus acciones e igualmente a los legisladores, tenemos un pueblo que ama la vida".

Además de la vigilia, la Iglesia, en compañía del Padre Rosario y su redil de la pastoral juvenil, organizaron manifestaciones que incluyó un acto masivo de jóvenes en el Palacio de los Deportes, y concentraciones en el Centro de los Héroes y la Avenida George Washington.  Además,  el Nuncio apostólico intervino en representación del gobierno del Vaticano para pronunciarse en la misma sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde afirmó que la posición de la Iglesia era "innegociable".

Solamente el cinismo del Presidente Fernández puede transformar lo que fue una polémica de posiciones opuestas en que ninguna de las partes cedió, en un acuerdo "consensuado".

En conclusión, debemos recordar al Nuncio, al Cardenal y a la curia que lo apoya,  que la Iglesia es muy selectiva cuando defiende vidas, y su Moral no resiste el juicio de la Historia.  Recordemos su apoyo incondicional de 30 años al régimen Trujillista; el silencio de Pio XII ante el Holocausto  de más de seis millones de judíos y su defensa de los criminales de guerra italianos para que no fuesen enjuiciados; las matanzas de las Cruzadas; las torturas y asesinatos de la Inquisición, en Europa, Méjico y Perú; los inmorales juicios religiosos contra mujeres acusadas de brujas, torturadas y quemadas en hogueras; y el despojo, esclavitud, y guerra contra las poblaciones amerindias,  sus templos destruidos, y sus reliquias y escritos quemados, cuando no sus cuerpos.

Debemos recordar al Presidente,  que el momento no es de fortalecimiento de una constitución religiosa, pero sí del fortalecimiento de los derechos ciudadanos que ésta debe defender y ahora niega.  El pueblo dominicano necesita una Asamblea Constituyente con el propósito de concertar una Constitución verdaderamente progresista y democrática, con representación de todos los sectores afectados por las exclusiones de la Constitución actual.

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