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El Bien de Familia y su Resolución de Año Nuevo

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José Alfredo Guerrero

Economista

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Economista (UNPHU, Lic. 1980-Ohio State, Ms.1988). Experiencia laboral en bancos: BHD (1980-84), Banco Central (1994-2000)Banco Global (2001-02) y Reservas (2005 - 2013). Economista Fundación Economía y Desarrollo (1988-93). Director Ejecutivo ANJE, 1989-1992), UNE (1993-94). Consultor Crédito Público BID-Ministerio de Hacienda (2002-2005). Articulista y colaborador en la prensa nacional.

Aunque el Bien de Familia es un socio veterano de la Constitución, le dieron bola negra en la reciente iniciativa legal para impulsar el mercado hipotecario.  Comenta que aceptó el desplante sin resentimiento a congresistas y banqueros. Rota una relación con gobernantes que celebró bodas de diamante, no sospecha de traición ejecutiva.  La culpa la reconoce en sus credenciales solemnes de "inalienable e inembargable".  Estas, simplemente, no encajan con inmuebles que sólo se construyen, si garantizan el ahorro de pensiones que los financia. No está molesto, pero lo cuenta a todos.  Después de éste consejo, salió animado a rescatar su origen liberal, convencido de luchar por restituir el goce pleno de la propiedad a sus vinculados.

Le recordé su noble origen como decisión voluntaria sobre bienes privados.   La constitución del bien de familia funciona como un seguro contra la pérdida de la vivienda frente a acreedores,  protegiendo así a  seres queridos de situaciones adversas.  Aunque no hay un pago formal, similar a la prima de los contratos privados, este beneficio tiene su costo: la familia limita su capacidad para endeudarse con bancos  o prestamistas informales. Por la aspiración de mayor seguridad, vemos que se sacrifica rentabilidad o retorno por la posesión de activos.  En todo caso, la situación es reversible.  A los tribunales se puede someter la desafectación del bien, cumpliendo con los procedimientos formales.

Trujillo, con su ley sobre los barrios de mejoramiento social, lo introdujo al oficialismo para siempre.  Viviendas, y más tarde parcelas, que el gobierno transfería o vendía a precios subsidiados a particulares se consideraban bien de familia, con la nueva credencial de "intransferible",  replicada en varias leyes posteriores. En 1971, Balaguer vio como parte de su masiva repartición de apartamentos, casas y tierras,  se transaba en un mercado informal, evadiendo la restricción de comercializar que imponía la condición de bien de familia.  Por eso  hizo una severa advertencia legal a los notarios que participaban de esos acuerdos.

Como el limbo jurídico se mantiene hasta hoy, las operaciones comerciales extralegales sobre viviendas con origen estatal siguen "su agitado curso" y es irreversible su exclusión de la nueva ley hipotecaria, me autoriza dar esta primicia. Aprovechará el saludo de Año Nuevo, para solicitar al Presidente que la inscripción "Bien de Familia", en los registros inmobiliarios, sea opcional.  Que a él sólo sigan vinculados quienes así lo expresen. Los demás que reciban títulos que garanticen sus plenos derechos sobre la propiedad, con poder, por ejemplo, de venderlas o usarlas como garantía para préstamos. Ese día también entregará a los congresistas el dossier de leyes a derogar o modificar.  Finalmente, del Palacio a las calles con esta esperanza de renovación inmobiliaria para tantos proyectos de viviendas sociales.

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